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El lobby abortista que configuran las
organizaciones de Estados Unidos, dirigidas a extender el aborto entre los
países emergentes y en vías de desarrollo, está formado por las fundaciones
Ford y Rockefeller, Planned Parenthood, Bemfam e IPAS, entre otras.
Además, uno de sus objetivos específicos es
promoverlo entre las católicas a través de la fuerte ayuda económica a la
asociación multinacional Católicas por el Derecho a Decidir.
Tres países están el centro de sus
esfuerzos: El Salvador, Chile y Nicaragua.
Ahora se ha desencadenado una operación
demagógica en El Salvador, pero su pieza mayor es Chile, donde hace años que
vienen actuando.
En Chile, en el año 2008 se produjeron
257.840 nacimientos.
Pues bien, el lobby abortista internacional
afirma que se cometieron entre 160.000 y 200.000 abortos.
Concretamente, la Universidad de Chile
presentó en 2005 un estudio que los evaluaba en 200.000, casi tantos como
nacimientos, el 78%.
Se trata de una cifra absolutamente
impresentable, que se apoya no en estadísticas sino en la estimación de los
“abortos ilegales".
La cifra, en comparación con los
nacimientos, es inverosímil.
En España, la misma relación se acerca al
25% y es un emporio del aborto.
Pero es que, de ser cierta la cifra
chilena, triplicaría la media mundial coreada por el lobby abortista y por lo
demás también hinchada por los “abortos clandestinos estimados”.
Pero todavía hay un segundo enfoque
convergente con el anterior.
El aborto clandestino es una causa de
mortalidad materna, luego los países con cifras muy altas en este ámbito deben
presentar un correlato numérico del mismo tipo, es decir una mortalidad elevada
entre la mujeres.
En Chile sucede exactamente lo contrario.
El último estudio que analizó las
estadísticas de ocho países de todo el continente americano permite constatar
que no es así.
La investigación -publicada en Palos ONE-
fue realizada por un grupo de epidemiólogos de la Universidad de Chile, de la
Universidad Católica de La Santísima Concepción y de la Universidad de Carolina
del Norte-Chapel Hill (EE.UU.), quienes revisaron durante dos años los datos
oficiales del INE recopilados durante cincuenta años (1957-2007) que dan cuenta
del impresionante descenso que ha tenido la mortalidad materna en Chile.
Un índice que lo sitúa como el segundo
mejor del continente, tras Canadá, y por delante de Estados Unidos.
Esto significa que es uno de los más
seguros de la región para que una mujer tenga un hijo.
¿Cómo es posible conciliar una cifra de
abortos clandestinos tan elevada y una mortalidad en el parto tan baja?
La respuesta es sencilla: son datos
totalmente incompatibles con las tesis de que a más abortos clandestinos más
mortalidad materna.
El banco de pruebas español resulta
excelente, porque permite observar cómo lo que ahora se hace con Chile y otros
países latinoamericanos se practicó exactamente igual décadas atrás en este
país.
España aprobó su primera ley del aborto en
1985 (la segunda es de marzo del 2010), pero desde una década antes ya
funcionaba una campaña dirigida a mostrar la magnitud del aborto ilegal para
justificar su legalización, siempre bajo el título de defensa de la salud de la
mujer.
Se planteaba -y así sigue- dando por sentado
que la mujer aborta mucho, y si existen límites es igual porque continuará con
idéntica conducta, peor todavía: los límites la exacerbarán.
El razonamiento lleva implícito otro: el
aborto es inocuo, parir no.
La cifra que llegó convertirse en denominador
común en diversas publicaciones fue la de 300.000 abortos al año1, y
llegó a tal extremo el convencimiento que, aún bajo el régimen de Franco, el
propio Fiscal General del Estado, en su Memoria de actividades del año 19742,
exponía que solo en Madrid se producían 20.000 abortos, aunque también afirmaba
que determinadas fuentes -sin citarlas- elevaban la cifra hasta los 70.000 mil,
de donde establecía el cálculo de unos 300.000 abortos en toda España.
Vale la pena meditar sobre este hecho.
Una autoridad clave del sistema franquista,
un régimen basado en la dictadura y una pretendida orientación nacional
católica, se acogía a la cifra mágica.
Una simple ojeada allí donde había abortos
legales desmontaba la cuestión, pero esto sirvió de poco a la hora de
establecer razones públicas.
En aquellas fechas se producían unos
600.000 nacimientos, por consiguiente los abortos representaban el 50%, el
doble que la cifra actual.
Francia, con el aborto legalizado y una
población superior a la española, solo llegaba por aquellas fechas a los
171.000 abortos.
Otras fuentes de la época, como el informe
FOESSA (1973) lo “reducían” a 114.000, y la revista especializada Tribuna
Médica a un máximo de 100.000 y un mínimo de 70.000.
Pero incluso estas cifras son excesivamente
elevadas, como se comprobó en la primera década de la legalización.
También se construyó el mito del gran número
de mujeres que iban a abortar al Reino Unido, pero fue eso, solo una argucia
publicitaria.
En 1974 se registraron solo 226 casos3,
que alcanzaron un máximo de 22.000 en 1983, dos años antes de la legalización
española.
Entre aquella cifra y la de los primeros
años de la legalización existe una continuidad lógica.
Así, en 1987, dos años después de la
legalización, abortaron en España 17.180 mujeres, más 5.878 casos en Reino
Unido.
El total fue de poco más de 23.000, una
cifra consistente en relación a las de los años precedentes, y que demuestra
que el aborto clandestino practicado en España era marginal.
Todo quedaba muy lejos de los 100.000 y no
digamos ya los 300.000 “abortos clandestinos”.
Con el modelo de aborto perfectamente
asentado y funcionado en un régimen de práctica libertad, hasta el extremo de
generar un “turismo del aborto” desde países con legislaciones teóricamente muy
permisivas, en 1995 se alcanzaron los 49.367 casos.
A inicios del segundo milenio, en el 2003,
los abortos llegaron casi a ochenta mil, y solo en el 2010 superaron los cien
mil (113.013).
Solo cuarenta años después de permisividad
y cultura favorable al aborto se había alcanzado la cifra más baja que en 1974
se daba por buena de “abortos clandestinos”, y situada a una distancia
inalcanzable de la magnitud de los “trescientos mil abortos ilegales.
La manipulación se manifiesta con
rotundidad si se observa la secuencia del porcentaje de abortos sobre
nacimientos.
Según los datos previos a la primera ley
del aborto, la relación se situaba en el increíble 50% y el 17% en las
estimaciones menores.
Pero en 1987, con el aborto legalizado, y
considerando también los abortos que todavía se realizaban en el extranjero,
fue del 5%.
En 1995, cuando el número de nacimientos se
situaron en un mínimo, alcanzó el 14%.
A inicios de siglo, con la natalidad
remontando a causa de la fuerte inmigración, alcanzó ya el 18%.
Y en el 2010, a pesar de que la natalidad
aumentó, ya alcanzó la cifra de casi un aborto por cada cuatro nacimientos.
La realidad era muy distinta a la que se
publicitó hasta la saciedad: Primero, en la España de la prohibición el aborto
era escaso.
Segundo, tuvieron que pasar más de
cuarenta años para que los valores mínimos de los abortos ilegales (los de
Foessa) se cumplieran realmente.
Lo que se dio en España fue una gran
manipulación, idéntica a la que ahora se practica en Chile, en toda América
Latina.
La manipulación es burda, sus datos son
groseros, no soportan ningún análisis, pero siguen ahí como “grandes
argumentos”.
¿Tan difícil es que les gritemos todos a
los imperialistas del aborto que mienten y engañan?
____________________________________________________________
1.
Gerardo
Hernández Rodríguez.
Aborto y Planificacion Familiar. REIS num. 5.
Centro Investigaciones Sociológicas.
Enero 1979, páginas 158-159
2.
Memoria
de la Fiscalía General del Estado.
Septiembre de 1974.
3.
Gerardo
Hernández Rodríguez.
El Aborto en España.
Análisis de un Proceso Socio-Político.
Universidad Pontificia de Comillas, 1992
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