viernes, 30 de marzo de 2012

Pasa en el Senado reforma religiosa

Milenio

Política • 28 Marzo 2012 - 12:52pm — Angélica Mercado

El Pleno aprobó las reformas al artículo 40 que definen a México como una “república laica”. La izquierda dijo que se aprueba a cambio de que pasen también las reformas al artículo 24.

Ciudad de México • Con mayoría calificada de 97 votos a favor, tres en contra y una abstención, el Senado aprobó las reformas al artículo 40 que definen a México como una “república laica”, tras un debate donde la izquierda acusó que se aprueba a cambio de que pasen también las reformas al artículo 24, que refrenda la libertad religiosa.

Las reformas al artículo 40 se enviaron a los congresos de los
 estados para ser discutidos y concluir el proceso del Constituyente Permanente, y quedó en los siguientes términos:

“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

En el dictamen se afirma que la minuta remitida por los diputados para incluir la declaratoria de laico, en el artículo 40 de la Constitución que define las características esenciales del Estado Mexicano, “armoniza perfectamente con las disposiciones constitucionales citadas y reafirma la ya larga separación de la Iglesia y el Estado que ha caracterizado a nuestro país”.

Los senadores comparten los considerandos de los diputados de que ineludible elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano “ya que incorporar el principio de laicidad del Estado en el artículo 40 constitucional implicaría el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de conciencia, el de adherirse a cualquier religión o a cualquier corriente filosófica y su práctica individual o colectiva”.

A decir de los senadores, se evitará con ello, que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos, lo cual veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales, de ahí que en los debates que se susciten en los órganos del Estado deba prevalecer como guía de las discusiones, el principio de laicidad.

De igual forma en el dictamen se coincide que “en México debe existir y consolidarse el principio de laicidad, cuyo contenido ampliaría el horizonte de respeto a la pluralidad de expresiones religiosas, lográndose con ello un clima de paz y tolerancia, objetivos que deben ser primordiales para el Estado. La ética que debe regir la vida pública, empieza por la consolidación del principio de laicidad en nuestro”.

Al fijar la postura de las comisiones, el priista Melquiades Morales, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que laicidad no significa de ninguna manera confrontación o negación de una religión.

“Significa tolerancia y libertad amplia de creer y de pensar. Significa que todas las iglesias, sea cual fuere el número de fieles, tienen las mismas consideraciones y todas son iguales frente a la ley al Estado. Significa que el Estado laico se caracteriza por la neutralidad del poder político, con relación a la profesión de cultos religiosos y a las ideas, convicciones y principios de orden ético que cada persona profeses en su ámbito interno”.

Hizo notar que el Estado sólo sancionar conductas contrarias a los ordenamientos legales y no a formas de pensar.

En tribuna, el perredista Pablo Gómez acusó que a modo de “cambalache” se pretende aprobar esta reforma, para que después se vote el artículo 24.

La senadora priista María de los Ángeles Morenos criticó que en la reciente visita del papa Benedicto XVI, el presidente Felipe Calderón haya recibido al Sumo Pontífice como jefe de Estado aunque él venía en visita pastoral y ello se evidenció cuando el presidente de la República participó activamente en los actos masivos e inclusive recibió la comunión.

En su turno, el panista Alejandro Zapata defendió el dictamen, al igual que el ecologista René Arce, quien hizo notar que desde hace 155 años no se modificaba.


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