FL 08/12/2011 - Sociedad
El contraste con España: una propuesta presentada por una diputada socialista francesa e inspirada en el modelo sueco aspira a convertirse en proyecto de ley. Las sanciones a los clientes del sexo podrían ser de dos meses de prisión y 3.750 euros de multa
La Asamblea Nacional francesa aprobó por consenso este martes, 6 de diciembre, una resolución que pretende abolir por ley la práctica de la prostitución. En el Palais Bourbon, sus señorías votaron a mano alzada un texto que, aunque no es vinculante, espera convertirse en una proposición de ley.
Este proyecto de ley, inspirado en el modelo sueco, contempla la penalización del cliente con hasta dos meses de prisión y 3.750 euros de multa; y tendrá que ser debatido en la Cámara Baja, con mayoría conservadora. Una vez aprobado en la Asamblea pasará al Senado, con mayoría socialista, donde será objeto de nuevas deliberaciones y una segunda votación que lo refrende o eche para atrás.
El texto ha sido presentado por la diputada socialista Danielle Bousquet, que preside el comité encargado de este proyecto, así como por el parlamentario del partido gubernamental Unión por un Movimiento Popular (UMP) Guy Geoffroy y los jefes de las principales formaciones políticas.
La resolución legislativa “reafirma la posición abolicionista de la República Francesa en materia de prostitución y entronca con las primeras leyes contra el proxenetismo adoptadas en 1946 y 1960”, según ha declarado Bousquet al diario Le Parisien.
Como se recordará, en la primera fecha el gobierno de De Gaulle prohibió tras la liberación las maison closes (o burdeles), mientras que en la segunda Georges Pompidou ratificó la convención de la ONU con la trata de seres humanos y la explotación de de la prostitución ejercida por otros.
El contraste, España
La propuesta abolicionista de la diputada socialista contrasta con la situación de permisividad y connivencia hacia la práctica de la prostitución que el Partido Socialista muestra en España. Y esto es así hasta el extremo de que la ruta del turismo sexual se ha puesto de moda entre los jóvenes franceses, sobre todo en el norte de Cataluña, en los macroburdeles del Alt Empordà.
En ese sentido, cabe recordar que el cacareado ‘Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual’, que se sacó de la manga el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y se aprobó en enero de 2009, nunca llegó a transformarse en hechos concretos que paliaran el drama de la prostitución y la trata de seres humanos.
Sin embargo, esta cuestión sí parecen tenerla clara la diputada socialista francesa y el parlamentario de la UMP que han presentado la resolución abolicionista. Para Bousquet y Geoffroy, “la prostitución y la trata de blancas existen porque existe el cliente”, afirman.
“Hay que explicar a nuestros hijos que el cuerpo humano no se vende ni se alquila. Y concienciar a los clientes de que el hecho de comprar sexo conduce al tráfico de seres humanos”, añaden. Según el diputado conservador de Seine-et-Marne, nueve de cada diez profesionales del ramo son víctimas de la trata de blancas y el 80% de los ingresos van a parar a las mafias.
A por el cliente
En el borrador del trabajo elaborado por la comisión, el aspecto más polémico es sin duda la propuesta de sancionar no a quienes venden su cuerpo sino a quienes pagan por sus servicios. Hasta la fecha, contratar los servicios de una prostituta no constituía falta o delito en Francia.
En Suecia, por su parte, la penalización del cliente desde 1999 ha dado excelentes resultados. Durante los dos primeros años de aplicación de la norma, más de 100 usuarios fueron condenados y, hoy en día, la prostitución ha desaparecido de la calle y se calcula que la encubierta ha disminuido en un 50%. A eso se aferran los parlamentarios galos para concluir que esa es la receta que necesita el país.
“La ley debe marcar claramente la responsabilidad de cada uno en la perpetuación del sistema. Ya lo hace para los responsables de la trata de seres humanos y de proxenetismo y debe hacerlo también indicando a los clientes que tienen una parte de responsabilidad”, indica la propuesta.
“En todos los lugares donde se ha legalizado, la actividad ha aumentado”, remarca Bousquet. Para llegar a dicha conclusión, han hecho falta medio año de investigaciones y más de 200 entrevistas a profesionales y expertos relacionados con esta actividad: policías, jueces, prostitutas y asociaciones.
Todos los implicados han sido consultados, salvo los consumidores, ya que lógicamente no existe una ONG que les ampare. Además, el grupo de parlamentarios ha viajado a distintos países para comparar diferentes legislaciones.
Intenso debate
La propuesta, sin embargo, no está exenta de debate en el propio seno del Gobierno, donde el ministro de Interior, Claude Guéant, ha recordado que el nuevo proyecto de ley obligará a realizar una profunda revisión del código penal, en tanto que la titular de Asuntos Sociales, Roselyne Bachelot, se ha mostrado muy favorable a la iniciativa.
Para el colectivo de asociaciones Droits et Prostitution (Derechos y prostitución), la resolución es un símbolo, pero que sus señorías voten la ley dentro de un tiempo es una cosa bien distinta. Partidarios del modelo alemán o el holandés, que ha regulado los servicios sexuales, han escrito una carta a los congresistas para que no apoyen la iniciativa estimando que la misma empuja a todo el gremio a la clandestinidad y, ante el bajón de los clientes, obligará a practicar sexo inseguro a muchos trabajadores desesperados.
Alrededor de 20.000 personas se prostituyen regularmente en Francia y más del 80% son mujeres. Se calcula que la cifra de negocios relacionada con el comercio del sexo y no declarada al Trésor Publique es de unos tres mil millones de euros anuales.
Según una encuesta del NID (Association de Réinsertion des Victimes de la Prostitution), realizada en 2004, uno de cada ocho varones galos ha recurrido al sexo de pago, el 37% de ellos viven en pareja y el 50% son padres de familia.
De seguir adelante, la ley que aboliría la prostitución en Francia se votaría entre el invierno y la primavera, en plena campa de elecciones presidenciales. Falta bastante, pues, para que la policía francesa intervenga denunciando a los clientes y los jueces les condenen a severas multas o incluso penas de cárcel; pero el primer paso ya está dado.
