México, D.F., a 24 de abril de 2013
B. 20/ 2013
Como mexicanos y como pastores, los obispos
de México padecemos y hacemos nuestros los problemas y sufrimientos que agobian
a los hombres y mujeres de esta gran nación, particularmente de quienes han
sido o son víctimas de cualquier forma de violencia, injusticia,
discriminación, corrupción o marginación.
Y estamos convencidos que, para superar
estas dolorosas situaciones, es preciso llegar a la causa de fondo que las provoca: la reducción del ser humano al rango de objeto.
Efectivamente, cuando se ve al otro no como
alguien sino como algo, entonces el más fuerte siente que tiene derecho de
humillar, golpear y abusar; de discriminar a quien siente, piensa o actúa de
forma distinta; de pasar por encima de la justicia y la ley con tal de sacar
ventaja; de explotar o condenar a la miseria; de robar, asaltar, secuestrar,
traficar y matar, si esto le reporta algún beneficio.
Ante esta triste realidad, que tanto daño
está provocando a millones de mexicanos y mexicanas que con una vida recta y un
trabajo honesto contribuyen a edificar un México mejor, estamos convencidos que
la solución se encuentra en el reconocimiento y defensa jurídica y cultural de
los derechos fundamentales de la persona.
Con esta misma convicción, desde hace algún
tiempo cientos de ciudadanos a través de sus legítimos representantes en
diversos congresos locales, en un ejercicio democrático y republicano, llevaron
a cabo reformas a sus constituciones estatales por las que se reconoce el
derecho fundamental a la vida desde la concepción.
No obstante, en fechas recientes tres
municipios han acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que
analice la constitucionalidad de dichas reformas.
La Conferencia del Episcopado Mexicano,
solidarizándose con las muchas personas y asociaciones civiles que han
expresado su preocupación por este hecho, reitera su convicción que del
reconocimiento de los derechos humanos fundamentales, entre los que destaca el
más básico de todos, el derecho a la vida, depende el presente y el futuro de
nuestra nación.
El derecho fundamental a la vida no depende
de la calidad moral de quien lo defiende, ni se basa exclusivamente en motivos
religiosos, los cuales, en todo caso, también tienen lugar en un auténtico
estado laico que no discrimine a ningún ciudadano por sus creencias religiosas.
La ciencia, a través de la genética
moderna, demuestra que en el momento de la fecundación surge una célula (cigoto) con su
propio código genético, que en el caso de la especie humana es específicamente
humano.
Este código genético contiene toda la
información para irse desarrollando a lo largo de una serie sucesiva de etapas.
El 29 enero de 2002, al resolver sobre la
reforma legislativa al Código Penal y de Procedimientos Penales del Distrito
Federal, los 11 ministros de la Suprema Corte reconocieron unánimemente que “la
Constitución Federal protege la vida humana y, de igual forma, protege al
producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de la vida
humana, independientemente del momento del proceso biológico en que se
encuentre” (cfr. Comunicado 497 de la Dirección de Comunicación Social de la
SCJ).
Si progreso significa avanzar
positivamente, los mexicanos y mexicanas debemos seguir adelante en el
reconocimiento, promoción y defensa de los derechos de toda persona,
conscientes de que sólo una sociedad que respete el derecho fundamental a la
vida desde su concepción puede ser democrática, vivir en paz y tener futuro.
Por todo esto, la Conferencia del
Episcopado Mexicano espera que, por el bien de las y los ciudadanos mexicanos,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en congruencia con lo que ha
decidido en esta materia, confirme la facultad de los estados a legislar
libremente en el ámbito de su soberanía, como corresponde en una República
Federal.
Por los obispos de México.
+José Francisco, Cardenal Robles
Ortega
Arzobispo de Guadalajara
Presidente de la CEM
+Eugenio Lira Rugarcía
Obispo Auxiliar de Puebla
Secretario General de la CEM
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