Papúa
Nueva Guinea
05/
8/2012
Papúa Nueva Guinea
Los
religiosos no pueden participar en las actividades políticas de los partidos en
las islas del Pacífico
Giacomo Galeazzi
Roma
Prohibido
frecuentar el trono y el altar. El código de derecho canónico prohíbe que los sacerdotes
participen activamente en la vida política. Los obispos de Papúa Nueva Guinea y
de las Islas Salomón tuvieron que subrayar el “no” de la Iglesia a los religiosos
que se proponen como candidatos en las elecciones políticas. En una carta, los religiosos de Papúa
Nueva Guinea y de las Islas Salomón piden que los «sacerdotes estén cerca de la
gente, que ayuden al pueblo en el proceso de crecimiento humano, espiritual,
cultural, social, que sean guías para la maduración de las conciencias, pero
que no participen directamente en la arena política».
La carta,
firmada por el presidente de la Conferencia episcopal de Papúa Nueva Guinea y
de las Islas Salomón, monseñor John Ribat, arzobispo de Port Moresby, contiene
un llamado fuerte dirigido a todos los sacerdotes, definidos «los más cercanos
y más confiables colaboradores con los que compartimos el ministerio ordenado
[...] que buscan la santidad en el ejercicio del ministerio sacro del servicio
al prójimo [...] Es nuestro deber –indica la agencia misional Fides– predicar
la Buena Nueva a nuestro pueblo, para ayudarlo a crecer en la santidad».
«Desgraciadamente,
una vez más, algunos de nuestros hermanos sacerdotes tienen la intención de
proponerse como candidatos a las elecciones políticas en las elecciones
generales de Papúa Nueva Guinea, previstas para 2012. Esta es una enorme
desilusión para nosotros los obispos y para la mayor parte de nuestro pueblo
católico. Creemos que la mayor parte de los sacerdotes, religiosos y laicos,
comparten nuestra desilusión: la elección de un sacerdote de entrar a la
política es una traición [...] como en la narración evangélica (Juan, 10,
12-13) en la que el pastor abandona el rebaño». Es muy claro el Código de
derecho canónico, en el párrafo 3 del canon 285: «Les está prohibido a los
clérigos aceptar aquellos cargos públicos, que llevan consigo una participación
en el ejercicio de la potestad civil». Y el párrafo 2 del canon 287 especifica
que: «No han de participar activamente en los partidos políticos ni en la
dirección de asociaciones sindicales, a no ser que según el juicio de la
autoridad eclesiástica competente, lo exijan la defensa de los derechos de la
Iglesia o la promoción del bien común». Sin embargo, no involucran directamente
a los diáconos permanentes, como indica el canon 290 claramente: «Una vez
recibida válidamente, la ordenación sagrada nunca se anula».
Un religioso
puede perder su estado, es decir volver a ser formal y legalmente un laico. Los
obispos reconocen el compromiso político: «Es absolutamente oportuno que los
laicos católicos calificados estén
directamente involucrados en la política, y que busquen modos creativos para
aplicar la Doctrina social de la Iglesia en la definición de las políticas
específicas, que promuevan el bien común». Sin embargo, indican, «tener un
cargo público, como formar parte activamente de una campaña para un partido
político o par aun candidato, está en contradicción con la vocación al
sacerdocio». Los sacerdotes, de hecho, «deben anunciar importantes principios
morales y explicar la doctrina social católica a todos, en particular a los
políticos y a los partidos políticos, sin sugerir que la Iglesia aprueba solo
uno u otro modo, sino tantos modos, moralmente buenos, para organizar el
gobierno o tratar de resolver ciertas cuestiones sociales. El sacerdote debe
ofrecer una posición clara y ética sobre lo que es correcto o equivocado, con
base en la Buena Nueva de Jesús». Por estas razones, recuerdan los obispos, les
está prohibido ser candidatos para un encargo político (Canon 285).
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