El Supremo de Estados Unidos declara inconstitucional la ley de Arizona que permitía detener a inmigrantes sin papeles

26/06/2012 - Política

Solo autoriza a la policía estatal a pedir la documentación si tiene una “sospecha razonable” de que la persona es un inmigrante indocumentado. La decisión de la Corte Suprema afectará a otros estados que quieran promulgar legislaciones similares

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La Corte Suprema de Estados Unidos ha declarado inconstitucional la ley SB 1070 de Arizona, aprobada en abril de 2010, que criminaliza a los inmigrantes sin papeles y permite a la policía detenerlos como si fueran delincuentes ya que convierte en delito menor la inmigración ilegal en ese Estado.

De esta manera, el Supremo  zanja la polémica abierta por una ley que había sido criticada tanto por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como por su homólogo mexicano, Felipe Calderón, y que afecta a una frontera entre Arizona y México de 600 kilómetros.

Ahora, el Alto Tribunal ha declarado inconstitucional las medidas más polémicas de la ley, por cinco votos a favor, tres en contra y una abstención, aunque ha autorizado a la policía estatal a pedir la documentación si tiene una “sospecha razonable” de que la persona es un inmigrante indocumentado.

“No está claro hasta este momento, y a la luz de la experiencia, que el proceso de verificación de la situación migratoria de la persona retenida resulte en una detención prolongada”, una situación que sí es inconstitucional jurídicamente, aclaran los jueces en su sentencia.

Las tres cuestiones revocadas

El motivo que sostiene la sentencia es que la política migratoria es potestad del gobierno federal. Por esta razón, la Corte ha invalidado las tres disposiciones más duras de la ley, por considerarlas improcedentes. Las cláusulas que revoca el Supremo de EEUU hacen referencia a las siguientes cuestiones:

1.    Que fuera delito que los inmigrantes no lleven consigo papeles que demuestren su estancia legal en el país.

2.    Que se considerase un acto criminal tener o solicitar un trabajo si no se tienen papeles.

3.    Que la Policía pudiese arrestar a alguien simplemente porque ha cometido una falta o delito que pueda provocar su expulsión del país.

Además, los miembros del Supremo han dejado la puerta abierta a futuras demandas si se comprueba que los controles de papeles en Arizona llevan a abusos policiales. Los controles de identidad son muy criticados por las organizaciones de defensa de los inmigrantes, que aducen que la policía para a personas simplemente por su aspecto físico o cuestiones raciales.

“Ningún estadounidense debería vivir bajo sospecha solamente por su aspecto”, ha subrayado Obama, que ha recibido “con satisfacción” la sentencia. A pesar de ello, su Administración ha deportado un número récord de indocumentados, una media de 400.000 al año, desde que asumió el poder.

Efectos sobre otros estados

Por otra parte, muchos analistas coinciden en señalar que, más que probablemente, la decisión del Supremo de Estados Unidos tendrá efectos de largo alcance sobre los esfuerzos de otros estados para promulgar legislaciones similares.

El fallo contra la enmienda es “una derrota contundente para los legisladores de Arizona y para los de otros estados de EU que piensan que la inmigración puede ser regulada a nivel estatal”, ha señalado Charles H. Kuck, socio gerente de Kuck Immigration Partners en Atlanta.

Este activista predijo que la decisión afectará a Alabama, Carolina del Sur, Indiana o Utah, además de Arizona. El mensaje de la Corte a los estados es el mismo: “Este es un asunto federal”.

Para Kuck la pregunta es: “¿Qué es lo que el Congreso va a hacer para solucionar el problema de la inmigración?” El activista no espera ningún movimiento inmediato. “Me imagino que no quedará inalcanzable, hasta después de las elecciones”.

“"Ellos van a tener que volver a empezar desde cero y realmente repensar su enfoque y la cantidad de tiempo y dinero que quiere poner en este tipo de leyes”, dijo por su parte Dan Kowalski, editor en jefe del Boletín de Inmigración de Bender y abogado de inmigración en el bufete Fowler, en Austin, Texas.

“Número uno: Ellos van a tener que gastar mucho dinero en abogados para tratar de elaborar algo que ellos piensan pueda resistir el escrutinio de la Corte Suprema.

Número dos: van a tener que presupuestar dinero para nuevos litigios debido a que, sin importar lo que propongan a nivel estatal, serán impugnados. Eso cuesta mucho dinero. Así que vamos a tener que averiguar si vale la pena”, añadió.

Esto provoca un cuestionamiento fundamental sobre el propósito de este tipo de leyes antimigrantes. “¿Tiene sentido económico para los estados tratar de reprimir la inmigración o es simplemente una expresión de algún tipo de malestar cultural o preocupación por el cambio en la demografía. Así que va a tener que estar en la mente de los legisladores en todos los estados nivel”, cuestionó.

Cabe recordar que de los dos millones de latinos que viven en Arizona, unos 400.000 están en el Estado de forma ilegal, y entre el 60% y el 70% de las deportaciones involucran a mexicanos, de acuerdo con estimaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.